JESÚS MANUEL GARCÍA. Funcionarios de los Tesorería General de la Seguridad Social de toda España se han puesto en pie de guerra contra las privatizaciones de servicios llevada a cabo por el gobierno de Rajoy. En esta ocasión muestran su disconformidad con la privatización del servicio de gestión telefónica. Fue el pasado 19 de mayo cuando la TGSS firmó un «contrato de dubidosa legalidade polo que se privatizan uns servizos de atención telefónica», dice la Junta de Personal de la Administración General del Estado en Pontevedra. Este acuerdo en la práctica supone un desmantelamiento de los servicios públicos porque para que la empresa concesionaria, que es Extel Contact Center, filial de la empresa de trabajo temporal Adecco, asuma el servicio, la Tesorería «ten prácticamente parado ao persoal que prestaba ata ese intre ese traballo, sen custe adicional para o Estado e cunha boa valoración por parte dos usuarios».
Los convocantes de la concentraciónen toda España aseguran que se está dando un despilfarro y transferencia de fondos públicos a empresas privadas. Y así dicen que por cada hora de trabajo de un gestor telefónico privado, «o estado pagará á filial de Adecco 23,53 euros, o que implica un custe de 3.764 euros ao mes, e por cada hora dun coordinador técnico pagará 29,94 euros, 4.790,4 euros mensuais», tal y como se muestra en las bases de la convocatoria. Se trata de unas cantidades muy superiores a las que perciben, por le mismo trabajo, los funcionarios que gestionaban ese servicio que, «na súa meirande parte, se destinarán a engordar a conta de resultados e os beneficios dos accionistas da empresa, xa que os traballadores recibirán salarios inferiores ao do persoal funcionario».
Los trabajadores de la TGSS consideran que de este modo se vulnera la Constitución y también las leyes de acceso a la función pública. «A cambio de 10,38 millóns de euros, non só atenderá durante dous anos as consultas e realizará trámites que soliciten os usuarios, senón que tamén xestionará as redes sociaios: contestará tweets, retuiteará e redactará tweets informativos e enviará mensaxes directas; é dicir, realizará sen suficiente amparo legal, funcións que a Constitución e as leis de función pública reservan ao persoal funcionario, ao tempo que terá acceso a bases de datos protexidas pola Lei de Protección de Datos».
La Junta de Personal explica que en los últimos años la TGSS no dudó en contratar con empresas privadas «sen suficiente xustificación, servizos que xa realizaba o seu propio persoal sen cueste adicional para o Estado, segundo ten denunciado o Tribunal de Contas nos seus informes de fiscalización». Ha hecho contratos con firmas privadas sin realizar memoria, estimación o estudio económico justificado del coste real del servicio que se contrataba, tal como de igual modo denunció el citado Tribunal. También, según la Junta, hizo una política de contratación que podría vulnerar las leyes de acceso a la función pública. También se menciona que restringió los servicios de atención presencial que presta en su red de oficinas a la vez que promovía la atención telefónica en línea. Por eso se considera que la TGSS está llevando a cabo «unha política descarada de privatización de servizos públicos, transferindo fondos públicos do Estado ás contas de resultados de empresas privadas, e que non ten servido para melloraros servizos prestados, pero si para deterioralos».
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